La ley de residencias que se ha aprobado las Cortes de Castilla y León tiene mucha literatura, pero carece de compromisos que vayan a cambiar lo que sucede en las residencias de nuestra comunidad.

Después de cuatro años de tramitación, la ley que se ha aprobado no da respuesta al mayor problema en que se encuentran las residencias, que dispongan del personal necesario, que garantice la atención centrada en la persona. Anunciar que se va a garantizar la atención centrada en la persona, y luego no concretar el número de profesionales de atención directa, ni de profesionales técnicos que faciliten los cuidados que cada persona necesita, convierte a la ley de residencias, en algo poco útil. 

Las leyes tienen que servir para garantizar derechos a las personas, esta ley les anuncia, pero no les garantizar, pero eso se convierte en una simple declaración de intenciones:

  • No plantea que se puedan prestar los cuidados que necesita la persona que decide permanecer en su casa, en vez de tener que acudir a un centro residencial. Que es el modelo que se está desarrollando en otros países de la Unión Europea.  
  • No considera un derecho subjetivo el acceso a una plaza residencial a quien lo necesite. Porque en Castilla y León sólo una de cada 12 plazas de residencia de personas mayores es pública. Con lo que recae sobre las familias el coste que supone tener que acudir a un centro privado. 
  • No establece el número de profesionales de atención directa que deben tener las residencias. Con lo que no se garantiza la atención adecuada a las personas que están en una residencia. 
  • No establece que las residencias dispongan de equipos multidisciplinares (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, animadores socioculturales, etc.), que faciliten los servicios que puedan garantizar la atención centrada en la persona. 
  • No tiene ningún tipo de compromiso presupuestario. Las leyes sin financiación son una mera declaración de intenciones. 
  • No exige que todas las residencias dispongan de un consejo de centro, donde tengan participación los residentes y sus familias. 
  • No garantiza las visitas de las familias a las personas residentes, en caso de pandemia. 
  • No aborda la necesidad de que existan suficientes plazas de convalecencia sociosanitaria para las personas que son dadas de alta después de una operación y necesitan un periodo de recuperación para volver a ser autónomas. 
  • No establece que todas las residencias deben disponer de “unidades de convivencia”. Una de las medidas anunciadas reiteradamente desde la Junta de Castilla y León, que sólo se instalarán en algunos centros.
  • No garantiza que las evaluaciones que se van a realizar sobre el funcionamiento de las residencias sirvan para detectar aquellos aspectos que es necesario mejorar. Siendo necesario que contemplara la opinión de las personas usuarias y sus familias. 

Desde la Unión de Consumidores de CYL, el Colegio profesional de Educadores y Educadoras Sociales de CYL, la Federación de Asociaciones Vecinales “Antonio Machado”, el colegio profesional de Fisioterapeutas de CYL, el colegio profesional de Terapeutas Ocupacionales de CYL y la Plataforma Social de CYL, demandamos que el desarrollo reglamentario de la ley, sirva para concretar todo aquello que la ley no ha hecho.